Medicina y Salud·Nuestra Sanidad

De buenas intenciones está enladrillado el infierno


Fuente: Blog El Supositorio

Debe ser bonito ir al Palacio de la Moncloa y dar la mano al presidente del Gobierno y a la ministra. Desde luego viste más una audiencia real con foto incluida. Creo que nunca accederé a ellas. Cuento las personas que se ven en la foto y que han ido a firmar de forma solemne El Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica  y hay unas 60 personas apiñadas para la foto. Firmando un acuerdo, que en mi opinión, contiene palabras vacías, papel mojado. De buenas intenciones está enladrillado el infierno. 
Veamos algunos de sus párrafos. 
Para consolidar y garantizar la sostenibilidad y la calidad de nuestro SNS, se considera indispensable un Pacto por la Sanidad, basado en los siguientes criterios:
I.1.-     Evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidista, revitalizando los consensos políticos, profesionales y sociales fundamentales, de modo que el SNS, sea defendido entre todos como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.
No hay ni un solo dato en la reciente historia española de que esto se esté cumpliendo. Cualquier conflicto en cualquier comunidad autónoma genera confrontación política y no hay el más mínimo consenso con los profesionales. Véase Madrid.
I.2.-     Garantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme plenamente a lo establecido en la Ley General de Sanidad.
Desde que el acceso a la sanidad pública española está determinado por el aseguramiento o su falta, se ha perdido la universalidadm y la gratuidad es mentira por los diferentes copagos. Se financia por impuestos (no gratuita) y se determina su acceso por la cotización o no a la Seguridad Social.
I.3.-     Garantizar, en el contexto actual, las condiciones básicas de los profesionales, dentro del SNS, que sean competencia del Estado, según la legislación vigente.
Las condiciones precarias de las nuevas contrataciones existen desde hace muchos años. La falta de recursos en la sanidad pública para atender a las necesidades reconocidas por las autoridades hacen de esta frase algo vacío. La gestión autonómica no va a volver atrás.
I.4.-     Definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal  y que sea coherente con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones de acuerdo a una cápita adecuada, impulsando las necesarias reformas en las políticas presupuestarias de las Comunidades Autónomas (CCAA) para que sus Presupuestos garanticen un gasto sanitario per cápita adecuado para la cartera de servicios del SNS, evitando descensos significativos de asignación que puedan reducir la provisión de servicios por debajo de los estándares de calidad.
No se puede decir financiación estable al descenso previsto de 7.000 millones de euros en sanidad. Un gasto sanitario pero cápita adecuado será el que decida el Gobierno y punto.
 
En otros apartados se habla de:
La contratación con instituciones o centros privados se podrá llevar a cabo en los supuestos y con los requisitos, condiciones y estándares de calidad previstos en la Ley General de Sanidad, y normativas de contratación pública y disposiciones de desarrollo, optimizando siempre  los recursos propios del sistema sanitario público.
Veáse la Comunidad de Madrid.
Sobre el empleo médico. Se acuerda promover medidas en materia de empleo, a través del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), con el  objetivo de lograr un entorno profesional favorable y una mejora de las condiciones de ejercicio profesional de los médicos que sean apreciables en el conjunto del Sistema pero también por cada profesional, estableciendo dicho objetivo como uno de los ejes centrales de las políticas sanitarias y de la gestión de los recursos humanos en el SNS.
Suena a broma en estos tiempos.
Asimismo, a estas alturas, se tiene que hacer un registro central de profesionales, hacer un desarrollo profesional, unidades de gestión clínica. A veces me parece estar leyendo una declaración de intenciones de hace 20 años. Hoy las cosas han cambiado rápidamente. Los gestores quieren desprenderse de la gestión directa del personal sanitario, entregando a empresas privadas todo el entramado, por lo que lo que se está diciendo en este documento carece de sentido racional. La realidad no se encamina en el sentido de una mejora de la gestión pública con los profesionales, sino en su desmantelamiento y entrega a la gestión privada que ya hará sus ajustes, condiciones, desarrollo profesional o lo que le dé la gana para mantener unos beneficios económicos con la financiación pública. Las administraciones públicas de todas las autonomías llevan años ofreciendo contratos precarios, sueldos disminuidos, incremento de la carga de trabajo de sus profesionales. Ahora ¿va a ser distinto en el contexto actual?
Generaciones de médicos bien formados en hospitales públicos solo acceden a trabajo precario en la administración o como falsos autónomos en aseguradoras o instituciones privadas. O la emigración pura y dura, a pesar de tener un porcentaje de residentes y médicos extracomunitarios muy importante.
 
A nada de eso da respuesta el documento y la foto. Lo siento, compañeros, me habéis defraudado mucho. 

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