Hoy acude a consulta Antonia, de 66 años, acompañada de su inseparable cuñada María, de 75. Traen muy contentas un sobrecito cada una, de los que ahora tanto se estilan, para que yo los lea.
Solicité una mamografía de control de un nódulo mamario a Antonia al Hospital Infanta Cristina de Parla. A los 15 días, le llamaron indicándole que se lo iban a hacer en una clínica privada concertada porque en el hospital no se lo hacían (esto es lo que entendió la paciente, no le hablaron de tiempos de espera).
Acuden ambas a la mencionada clínica y le informan que , ya que aportan una derivación del Servicio Madrileño de Salud, pueden realizarse además una densitometría “porque es necesario a sus años” por tan solo 15 euros, tanto la paciente como su acompañante . Añaden que “si viniera de fuera, sin la derivación, costaría la prueba 60 euros“. Vamos, un chollo. Obviamente, ante semejante oferta deciden realizarse la prueba. Y así llegan a mi, tan felices, para que les cuente que hacen. Antonia algo más triste porque le han dicho, también en el mostrador, que tiene “los huesos regular” (Tscore CL -1.8, T score CF -1.5), no así su cuñada, que ella “está muy bien”.
Ante mi cara de estupefacción, me comentan que esa oferta se la hacían a todas las mujeres que acudían como ellas, y que la mayoría lo aceptaban. ¡Viva la promoción de enfermedades y la extensión de conciencia de enfermedad en la población! Y, como no, ¡viva el dinerito fácil! que, además, entra a raudales tal y como se está derivando desde el SERMAS.
¿Por qué no le dan cita en el Hospital Infanta Cristina? ¿Por qué una clínica con un concierto induce a las mujeres a realizarse una prueba médica, sin ningún tipo de indicación ni criterio salvo el del administrativo /auxiliar de turno? ¿Esto es éticamente aceptable? ¿De esto se trata la colaboración público-privada?