Los médicos de atención primaria saben que las recetas que firman, en muchas ocasiones, no obedecen a su actividad propia de médico (historial, explorar, diagnosticar y tratar), sino más bien a la de un «escribano» o administrativo, ya sea en formato digital o en antiguo papel, de las órdenes del especialista de turno, de las demandas del propio paciente por autotratamiento o de las pautas de la medicina privada.
Ir en contra de uno de estas órdenes conlleva un conflicto médico-paciente generando también, de manera indirecta, repercusiones en la atención y calidad de los cuidados.
Se sabe que el gasto farmaceútico para la sanidad pública española, y más ahora en tiempos de crisis, es una fuente de preocupación debido a que a lo largo de los años su curva es creciente exponencialmente.
En nuestro actual modelo sanitario, el médico de atención primaria es considerado como el principal prescriptor, a pesar que las directrices de nuestra sanidad deja bien claro que la receta debe ser pautada por el médico que atiende, diagnostica y decide el tratamiento que se debe seguir.
La prescripción de fármacos, según la actual ley vigente, se define como una acto libre y responsable del profesional médico que, derivado de una decisión preventiva o terapeútica, conduce a la administración de medicamentos a aquellos pacientes o usuarios atendidos.
La Prescripción inducida es una prescripción que tiene origen externo a este proceso y que en algunas ocasiones el médico de atención primaria no está de acuerdo con el tratamiento, generando conflictos de relación en las consultas.
Debemos recordar que ante cualquier actuación debemos mantener una ética de mínimos asegurando el respeto y la vida democrática, con una distribución equitativa de los recursos, y si es posible, una ética de máximos que no es más que el modelo de excelencia que cada persona considera como el más perfecto y al cual aspira.
¿Qué debemos hacer?
El problema no tiene una fácil solución debido a que el actual modelo de sanidad española facilita la Prescripción Inducida.
En un principio todo médico acreditado para la labor en nuestro país, debería conocer perfectamente los medicamentos que prescribe, efectos adversos e indicaciones, y a partir de ahí tomar una decisión buscando el bien del paciente.
Las unidad de farmacia no deben centrar el problema en la atención primaria sino en el inductor del fármaco a prescribir, ya que si los especialistas siguen mandando medicación de nueva generación, que no ha demostrado aún con ciencia cierta su eficacia o esta es similar a otros productos existentes de menor coste, el médico de atención primaria se encuentra con la lucha del Saber del Especialista con el oficio de «mandado» que los pacientes creen que tenemos.
La receta electrónica facilita la labor de preescribir en nuestro país, haciendola incluso viable a las consultas de otras especialidades diferentes a las de medicina familiar, ya que ellos poseen de más tiempo para atender y para recetar.
Esta falta de tiempo hace que muchas veces el médico de atención primaria no sea capaz de discutir con el paciente la no aceptación del fármaco mandado por el otro especialista, transformándose en un escribano sin pensamiento porque sino se establece el conflicto no deseado que conlleva al retraso y afectación de calidad de atención al resto de pacientes.
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